Diplomacia y militarismo: el conflicto por los Saltos del Guairá.

Desde el Tratado de Límites de 1872 hasta el Acta Final del 22 de junio de 1966, “La última invasión. El conflicto por los Saltos del Guairá” (Editorial Arandurã, 2017, 229 p.) de Juan Marcelo Cuenca Torres, relata con precisión y agilidad la disputa territorial desplegada por Paraguay y Brasil en el ámbito diplomático, con énfasis en la ocupación de territorio no demarcado por parte del ejército brasileño. Desde esta perspectiva, encontramos una nueva adición al escaso análisis histórico del periodo comprendido entre 1954 y 1989, dejando patente del ánimo avasallante con que Brasil trató de imponerse sobre los intereses del Paraguay para ocupar la totalidad de los Saltos del Guairá.

No existen dudas respecto a la capacidad de intervención e influencia del Brasil en el escenario de sudamericano desde los respectivos procesos de formación de los Estados-naciones hasta nuestros días. Razones de geopolítica han marcado las relaciones de poder en que cada país hizo uso de sus recursos según sus intereses, lo cual no pocas veces afectó al Estado vecino. Desde principios del siglo XXI, este país ha demostrado una proyección de crecimiento económico, cimentado en su sólida política exterior, hasta el punto de hablarse de su condición de “superpotencia emergente”.

Diplomacia brasileña  

          

Considerando que el conflicto por los Saltos del Guairá fue protagonizado por el Brasil, cabe extender la mirada hasta sus doctrinarios[1] para fijarnos en la obra “Cinco siglos de periferia” del diplomático brasileño Samuel Pinheiro Guimarães, texto referencial y actual en materia de relaciones internacionales de su país. Al momento de ocuparse de los desafíos de la política internacional del Brasil, este autor nos dice que (...) su política exterior logró resultados extraordinarios. Se definieron pacíficamente las fronteras, realización notable cuando se la compara con la situación de otros países, como la India. Se preservó la integridad territorial, hecho sumamente importante, cuando podría haber ocurrido lo que ocurrió con México. Defendió exitosamente nuestra diplomacia, el principio de igualdad soberana de los Estados y contribuyó a la lucha por un orden económico internacional más favorable a los países en desarrollo y a las ex colonias[2].

                

Examinemos las supuestas ansias pacifistas del Brasil para fijar su frontera con el Paraguay. El artículo IX del Tratado Secreto de la Triple Alianza, “siempre en plena fuerza y vigor” según su artículo XVII, declara garantizar la integridad territorial de la República del Paraguay. Esta disposición fue violada por Argentina y Brasil, a partir de la firma de los respectivos tratados que establecieron nuevos límites después de la Guerra. En el caso del Tratado Loizaga - Cotegipe, firmado el 9 de enero de 1872 bajo ocupación militar brasileña en Asunción, el Paraguay perdió a favor del Brasil aproximadamente 62.325 km² de territorio[3].

                

Décadas después, mientras el Paraguay se encontraba en guerra contra Bolivia, el Brasil insiste en continuar los trabajos de demarcación fronteriza que se hallaban pendientes desde 1872. En su libro, Cuenca Torres recoge lo señalado por Efraím Cardozo al momento de realizarse los trabajos de demarcación por parte de la Comisión Mixta Paraguayo-Brasileña[4], cuando en julio de 1934 los representantes brasileños insisten en colocar un nuevo hito en la margen derecha del río Paraná, frente a la 5ta. caída, con lo cual el Paraguay perdería los saltos ubicados por encima, en contrariedad a lo estipulado en el Tratado de 1872. Para ello los brasileños se valieron de una copia fotográfica de un mapa de la zona del Mbaracayú, supuestamente levantada por los demarcadores en 1874, incluyendo la firma del representante paraguayo Cap. Domingo Antonio Ortiz. El autor relata que ante esta situación se ordenó la búsqueda del duplicado paraguayo de dicho mapa (…) y al compararlo con el mapa brasileño, se denotaron graves adulteraciones en éste, tras esto, los brasileños dejaron de insistir con el mismo; Brasil estaba buscando de todas las formas y métodos posibles tentar el error y torcer lo suscrito en 1874[5].

                

Posteriormente, el Brasil tradujo su interés en la explotación energética del Río Paraná al iniciar estudios técnicos unilaterales desde el año 1953. En el caso de las intenciones brasileñas de utilización de los Saltos, la República del Paraguay tomó conocimiento de que el Ministerio de Minas y Energía se hallaba abocado a un estudio preliminar mediante una publicación en el periódico Jornal do Brasil del 13 de febrero de 1963, lo cual motivó la reacción del embajador paraguayo en el Brasil, Raúl Peña, por expresas instrucciones del Canciller Nacional Raúl Sapena Pastor, iniciándose  de esta manera el largo litigio diplomático entre los dos países. El Brasil no fue capaz de comunicar formalmente a su país vecino sus pretensiones sobre el río compartido en que se establece su frontera natural.

                

De esta manera, se constata fácticamente que en el caso de las relaciones con el Paraguay, los diferentes gobiernos del Brasil no demarcaron pacífica su frontera, ni se acogieron al principio de igualdad soberana de los Estados, ni contribuyeron a un orden económico favorable cuando buscó la explotación unilateral de los Saltos del Guairá. Aunque el falaz enunciado de Pinheiro Guimarães carece de objetividad y fundamentos (con más razón considerando la comparación con India y México), su libro del año 2005 debe ser observado con detenimiento, considerando que su autor ejerció el cargo de Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta el 2009, siendo luego Ministro de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República Federativa del Brasil.

                

En plena Guerra Fría: dos potencias, mismo criterio.

                

En “La última invasión” encontramos que la causa paraguaya contó con la simpatía de la Unión Soviética en plena Guerra Fría, al referenciar el discurso de fin del año 1963 en que Nikita Kruschev expone un mensaje anti bélico rememorando la Guerra del Paraguay y su población dramáticamente disminuida. Según lo relata Cuenca, estas palabras tuvieron eco en Itamaraty cuyos portavoces alegaron que el premier soviético tuvo la mala inspiración de exhumar el episodio de la Guerra del Paraguay, en el momento justo que estamos haciendo tentativas con ese país para la construcción de la usina de Sete Quedas, con lo que se excita el sentimiento nacionalista paraguayo, y coloca el problema en un ángulo francamente incómodo para la posición histórica brasilera[6].

       

Siguiendo el relato cronológico, encontramos en 1965 el año más convulsionado del conflicto, considerando la ocupación de territorio litigioso por parte de tropas brasileñas y el apresamiento de una comitiva paraguaya en octubre de ese año. El casus belli estaba instalado y el Paraguay debía agudizar su práctica diplomática de manera a seguir bregando por su soberanía e integridad territorial sin propiciar el enfrentamiento armado.

               

En esa secuencia de hechos, Cuenca Torres nos ilustra sobre la breve pero significativa visita a Asunción de Dean Rusk, entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, en fecha 24 de noviembre de 1965, cuyas palabras discursivas fueron recogidas por la prensa escrita según se lee: Paraguay y Estados Unidos están trabajando juntos para labrar la felicidad de los pueblos, y que ambas naciones estaban en absoluta identidad en cuanto a los problemas internacionales[7].

De esta manera, se comprueba que más allá de las diferencias en las líneas de pensamiento político y en pleno auge del militarismo, la comunidad internacional coincidía con la causa paraguaya.

                

Más de cincuenta años después del conflicto por los Saltos del Guairá, hoy cabe celebrar la actuación de la diplomacia paraguaya que con su metódica actuación, revirtió un intento de despojo territorial conduciéndolo a un emprendimiento binacional altamente técnico en beneficio de los dos países.

Hermes Ramos Dávalos

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[1] Algunos ideólogos de política internacional cuyas obras merecen atención son Golbery do Couto e Silva, Helio Jaguaribe, entre otros.

[2] PINHEIRO Guimarães, Samuel. Cinco siglos de periferia. Una contribución al estudio de la política internacional. Prometeo Libros. 2005. Buenos Aires. Pág. 167.

[3] BOGADO Rolón, Oscar. Sobre cenizas. Construcción de la Segunda República del Paraguay – 1869/1870. Intercontinental Editora. Asunción. 2011. Pág. 76.

[4] Según el Protocolo de Instrucciones para la Demarcación y Caracterización de la Frontera con Brasil del 9 de mayo de 1930, el objeto de la Comisión consistía únicamente en reemplazar los hitos de la misma frontera que hayan desaparecido y de colocar hitos intermedios que fuesen juzgados convenientes. Ver DEBERNARDI, Enzo. Apuntes para la historia política de Itaipú. Ed. del autor. Asunción. 2010. Pág. 43. También CARDOZO, Efraím. Los Derechos del Paraguay sobre los Saltos del Guairá. Asunción. 1965. Pág. 147.

[5] CUENCA Torres, Juan Marcelo. La última invasión. El conflicto por los Saltos del Guairá. Editorial Arandurã. Asunción. 2017. Pág. 36.

[6] Op. cit. Pág. 80.

[7] Op. cit. Pág. 139.

Disección en plena convulsión: el Gobierno de Liberato Rojas en análisis.

El 1910, a puertas del centenario de la Independencia del Paraguay, el ambiente político se mostraba poco propicio para una convivencia segura, cuando el orden público era amenazado por quienes en teoría, deberían propiciarlo. En este marco, Luis María Duarte, autor de “Política y Diplomacia durante el gobierno de Liberato Rojas” (Intercontinental 2016), nos legó un libro que condensa las prácticas políticas más oportunas y la única diplomacia posible en medio del caos.

Trazos de una política desdibujada

En otro libro de reciente edición, “La travesía liberal del desierto”, la referencia sobre la actuación del Partido Liberal durante el gobierno de Alfredo Stroessner, se explica al decir que La historia del liberalismo en la segunda mitad del siglo XX es una compleja amalgama de actos heroicos de resistencia y de reiteradas traiciones.[1]

 

Esta sentencia resulta fácilmente aplicable al Partido Liberal también a partir de 1904. Desde el Pacto de Pilcomayo que sitúa por primera vez a un empresario como Presidente de la República, cuyo soporte político lo destituye después de un año de ejercicio, la dinámica intra e inter partidaria además de la infiltración militar en política, marcaron el ritmo de la agitada vida política del Paraguay. A partir de entonces, las dos facciones: cívicos y radicales, protagonizaron uno de los periodos más convulsionados de nuestra historia, en un ida y vuelta de levantamientos armados contra los gobiernos de turno.

Encontramos entonces un periodo sustancioso para el análisis histórico, poco explorado por la historiografía hasta ahora, que nos encontramos con la retrospectiva de Luis María con énfasis en la gestión de Liberato Rojas, un gobernante circunstancial con variable sostén político y dos frentes bélicos levantados en su contra en un ambiente de conspiración permanente.

Y aún en este contexto podemos preguntarnos ¿Qué motivó al autor para la elección de este tema? ¿Por qué Luis María prefirió analizar un gobierno liberal?

Pero este planteamiento es simplista y limitante, y si nos circunscribimos solo a esto, podemos cercenar el alcance de la investigación del autor y perdernos en lo anecdótico. Tratando de interpretar algo más, nos situamos en la perspectiva del autor para desentrañar su visión original.

El primer trabajo de investigación de Luis María trata sobre la misión de José Irala como embajador plenipotenciario del Paraguay ante Austria Hungría, Alemania, Países Bajos, Italia y Suiza[2]. 

Para el año 1903, esta misión representa un avance histórico de la diplomacia paraguaya, una nueva proyección de las relaciones internacionales ante los países de Europa Central. Sin embargo esta apertura diplomática que debió integrar una política de Estado, fue cortada abruptamente a partir del régimen Liberal iniciado en 1904. 

Esa representación no tuvo designación hasta 1910. Y entonces, el cargo fue utilizado como método de elegante alejamiento de líderes sectarios que representaban una amenaza para los gobiernos (Manuel Gondra quiso enviar a Albino Jara y luego éste envió a Carlos Goiburú). Aquí encontramos una equiparación de las misiones diplomáticas con los exilios políticos, los llamados “exilios dorados”. He aquí, el fenómeno, una función política del Estado a nivel internacional, tan relevante, utilizada como método de supervivencia del gobierno o como moneda de cambio entre sectores políticos. Hasta podría decirse que se trata de una práctica común en nuestros días.

En este contexto, cabe preguntarse dónde estaba el Partido Colorado durante todo este periodo. Como cualquier otra agrupación política, se encontraba latente al acecho del poder. Si bien a partir de 1904 varios dirigentes colorados fueron exiliados, otros quedaron a colaborar con los gobiernos liberales. En esos años de inestabilidad, los colorados exiliados también tuvieron su oportunidad de conspirar aliándose con los referentes cívicos del momento.

Pero el protagonismo político más notable del Partido Republicano después de 1904 surge a partir de la convención de diciembre de 1910. Con el retorno de sus históricos líderes, los Grales. Bernardino Caballero y Patricio Escobar, se reorganiza la Comisión Directiva y nuevos actores de peso intelectual emergen en escena.

Aquí encontramos el principio activo de toda actividad política: la lucha por el poder y el afán de conservarlo. La oportunidad para que el Partido Colorado ocupe mayor espacio surgió a partir de la anarquía propiciada por las fuerzas gondristas y jaristas alzadas en armas en Ñeembucú e Itapúa respectivamente.

De esta manera, el liderazgo de Bernardino Caballero alcanza su última capacidad operativa, pues fallece en febrero de 1912 por causas naturales. En este apartado del libro, el relato sencillo y directo sin ampulosas descripciones, lejos de la hagiografía, deja percibir el ambiente de admiración y respeto de parte de todos los sectores hacia la figura de Caballero. Luis María relata que el apoyo oficial del Partido Colorado al gobierno de Liberato Rojas se concreta el día que Caballero había llegado a Asunción, y así también, la acción de situar en la Presidencia de la República a un colorado es tomada por la dirigencia el mismo día de su muerte. Asume entonces Pedro P. Peña, único paréntesis de gobierno de la Asociación Nacional Rrepublicana en las casi 4 décadas de régimen liberal.

La inestabilidad se refleja en el exterior

 

Las relaciones internacionales fueron objeto de cuidado para Don Liberato. Sin embargo, los hechos impusieron sus efectos sobre cualquier intento de agenda diplomática, lo cual se refleja en la sucesión de cuatro Ministros de Relaciones Exteriores en casi siete meses de gobierno.

En julio de 1911 fue designado Canciller el Dr. Teodosio González, quien ante la controversia de límites con Bolivia dispuso una comisión al Chaco para una inspección “in situ” ante una posible ocupación boliviana. Durante esta gestión se realizó el último intento de solución de la controversia chaqueña mediante la negociación, antes de recurrirse a la vía jurídica para luego desembocar en la guerra, que de alguna manera fue anunciada por González. Las fuertes desavenencias con el Ministro del Interior Alejandro Audibert respecto al asunto con Bolivia, motivaron su renuncia.

La Cancillería vacante fue aprovechada por Rojas al momento de intentar un acercamiento con el sector cívico liberal, designando como Ministro a Carlos L. Isasi, líder de esa facción. Desde entonces se proyecta un nuevo entendimiento con el gobierno de la República Argentina, orientado a una normalización de las relaciones, ya que se consideraba que este país prestaba apoyo logístico a los rebeldes gondristas en contra de Rojas. Sin embargo, en diciembre de 1911, Isasi renuncia como consecuencia de la ruptura del pacto entre el Gobierno y el Partido Liberal Democrático.

Antolín Irala asume entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores durante cuarenta días. En este breve lapso, Irala dejó testimonio de su política de ampliar las representaciones diplomáticas en el extranjero, al presentar un proyecto de ley que separaba la Legación paraguaya en el Plata, creando así dos representaciones: en Buenos Aires y en Montevideo. Pero la situación con Argentina tendió a empeorar hasta la ruptura de las relaciones y la posterior renuncia de Irala, luego del intercambio de varias notas con fuertes acusaciones mutuas.

Finalmente, con la designación del Dr. Federico Codas como Ministro en enero de 1912 y la actuación de Eduardo López Moreira y Fulgencio R. Moreno, se restablecieron las relaciones diplomáticas con Argentina.

La gentileza intelectual de Luis María nos dejó una segunda obra póstuma, la disección de un periodo poco explorado que nos presenta a sus actores, caudillos y secuaces al decir de Bertrand Russell: hombres imperiosos y serviles, todo lo cual hoy en el presente debe ser instrumento útil para de alguna forma, tratar de dignificar la labor del político como hombre público, pero con el riguroso y total apego a las instituciones democráticas.

Hermes Ramos

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[1] Boccia Paz, Alfredo. La travesía liberal del desierto. Los partidos liberales durante el gobierno de Stroessner. Servilibro. Asunción, 2016. Pág. 18.

[2] José Irala. Política y Diplomacia paraguaya a principios del siglo XX. Intercontinental. Asunción, 2014.

Un lugar en la Historiografía paraguaya.

Cuando en marzo de 1870 el Paraguay se desdoblaba rechazando su exterminio y encarando su reconstrucción, el pequeño José cumplía 7 años. Doce años después integraba la primera promoción de egresados del Colegio Nacional de la Capital, con jóvenes promesas como Cecilio Báez y José de la Cruz Ayala. Así iniciaba su trayecto académico quien luego de ocupar varias funciones públicas, fue designado ministro plenipotenciario en representación de nuestro país por la recientemente creada legación paraguaya ante Austria-Hungría, Alemania, Italia, Países Bajos y Suiza.

En “José Irala. Política y diplomacia paraguaya a inicios del siglo XX”, Luis María Duarte centra la mirada en un periodo poco examinado en la historiografía paraguaya, justo antes de la revolución de 1904, relatando que el Ministerio de Relaciones Exteriores fijaba sus bases institucionales con una Ley de Organización del Servicio Diplomático en el Exterior desde agosto del año 1903. En ese entonces el Paraguay se hallaba representado oficialmente en diecisiete países de Sudamérica, Norteamérica y Europa y se proponía una nueva proyección con la creación de la Legación del Paraguay ante los Estados de Europa Central.

La ciencia, como sistema selectivo de orientaciones cognitivas para interpretar la realidad, al decir de Talcott Parsons, encuentra en la Historia una fuente legítima para las necesarias miradas de reconocimiento que toda sociedad necesita. En este sentido, a partir de la investigación histórica en torno a la figura de Irala, se narra el contexto de la política y diplomacia paraguayas heredadas de la postguerra del 70, con suficiente ejercicio crítico para replantear cuestiones en nuestra actualidad.

Cada capítulo del libro se ocupa de diferentes cuestiones, pero en consonancia con la estructura fijada por el autor, resaltando finalmente el protagonista y sus acciones, las instituciones por las que pasó, las relaciones político partidarias, los medios de prensa de la época, entre otras. Al respecto, merece especial atención el capítulo III, que a partir de documentos oficiales, constituye el primer trazado ordenado sobre el desarrollo de las relaciones diplomáticas entre el Paraguay y distintos países de Europa.

Por otro lado, en el libro son fácilmente apreciable los destellos del novecentismo paraguayo. Considerando que Irala pertenece a la generación anterior, debe reconocerse los pasos silenciosos de este actor en aquel fenómeno, habiendo sido docente del Colegio Nacional y la Universidad Nacional de Asunción y siendo hoy rescatado del anonimato.

Este mojón, que Luís María clavó antes de partir, es una referencia elocuente de la visión política que le nutría. La relevancia del aporte de este autor fija un momento especial para la historiografía nacional, pues desde ahora cuenta con una herramienta más para examinar nuestras instituciones hoy. Desde la originalidad de esta investigación, resalta un encuadre con dos visiones sobre la política exterior paraguaya: la conservadora o reactiva y la progresista o proyectista. Son éstas las ideas signadas por los nombres de José y Luis, quienes venciendo al tiempo y la distancia, hoy constituyen una orientación cargada de optimismo para el desarrollo de nuestra sociedad.

Hermes Ramos

Las ubres de la aldea

Atravesando la mitad del segundo decenio del siglo XXI, parece evidenciarse aún más el ánimo uniformador de las tendencias comerciales en cualquier sociedad. Los grandes centros comerciales de Asunción siguen la misma estética y funcionalidad de cualquier shopping, mall o leisure centre de los Estados Unidos. Hay quienes van con frecuencia al shopping, con o sin ánimo de compraventa. Quienes no, tienen la posibilidad de hacerlo cuando tengan una necesidad real. No hay dudas de la consolidación de esta estructura comercial en nuestras ciudades.

En la semana que pasó, un artículo en la prensa virtual informaba de una denuncia por “prohibición de amamantar en público” en el Shopping del Sol. Más allá de los hechos y de las manifestaciones que los protagonistas difundieron, se trata de una situación ideal para el debate en la red. Entre la indignación y los reclamos se tejieron todo tipo de discursos con efectos en cadena, una verdadera comidilla para internautas. Por cierto, lo que quisiera destacar brevemente es eso, el soporte de la noticia y su repercusión.

La información disponible en la red no aclara si existe un reglamento específico sobre el amamantamiento en el local comercial. Tampoco podemos saber quién fue el empleado del shopping que intervino, las instrucciones que recibió y qué ocurrió con él. Pero nada de eso en realidad importa, si la intención es instalar el eco de un hecho capaz de avivar la capacidad de entendimiento del ciudadano común. Es entonces cuando en este escenario los medios periodísticos hacen figurar sus marcas y el internauta acciona y reacciona con no poco alardeo.

La capacidad de los medios en influir en la sociedad es innegable. La aldea global hoy ha desarrollado un sistema digestivo en dinámico funcionamiento, donde los componentes son conscientes de que en la comunidad virtual se vence distancias al elevar la voz, ganando un espacio en la red, aunque sea el más mínimo, pero lo suficiente para vencer el anonimato. La visión de Marshall Mc Luhan hoy se muestra coherente, más aún en un rincón de Sudamérica donde la mentalidad provincial sigue permeando los hábitos de sus habitantes.

Hermes Ramos

El acceso a la información como instrumento democrático.

            El Derecho como ciencia en evolución, debe tener la capacidad real de reconocer nuevas situaciones sociales de manera a regularlas efectivamente, en provecho del bienestar general de los pueblos. En el segundo decenio del Siglo XXI, los procesos democráticos en América Latina se hallan en constante desarrollo, siendo objeto de revisiones permanentes por parte de las autoridades políticas, el sector público y el privado a nivel nacional e internacional, los medios de comunicación y la sociedad civil en general.

            En la actualidad, el acceso a la información pública constituye un resultado de la evolución de los Derechos Humanos, que tuvo notable desarrollo en el ámbito internacional, pero con cierto rezago en ciertos países como en el caso de Paraguay. Si bien las leyes son el instrumento idóneo para garantizar el acceso a la información, se resalta a la jurisprudencia como un camino válido para el reconocimiento de este derecho en los estrados judiciales. Sin embargo la consolidación no se logrará sin la acción de la ciudadanía, principal sujeto de este derecho, que ejerciéndolo de manera responsable fortalecerá su cultura democrática.

            En el ámbito administrativo, el acceso a la información se presenta como un requisito elemental para lograr un manejo de los recursos públicos eficiente y transparente. Para lograr esto debe partirse de la premisa que expresa que toda la información que se encuentra en posesión de un Estado, tiene carácter público y en consecuencia debe ser accesible a toda persona de manera sencilla y directa.

            Con el eventual desarrollo de este derecho, los gobiernos tienen la posibilidad de solventar los regímenes democráticos demostrando a su población su capacidad de administración transparentando su gestión, con el efecto final de revertir el descreimiento en las instituciones y la desconfianza en la clase política.

El acceso a la información entre los Derechos Humanos.

            

La normativa internacional forma la plataforma jurídica que eleva al derecho de acceso a la información a la categoría de Derecho Humano. A continuación se transcribe las normas que así lo disponen.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, en la parte pertinente de su artículo 13 dispone: Libertad de Pensamiento y de Expresión 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…)

El artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.

Además se resalta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en el numeral 2 de su artículo 19 garantiza la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, con exacta redacción al del Pacto de San José.

A partir de los artículos trascriptos la República del Paraguay posee los preceptos jurídicos argumentales para iniciar el camino hacia la consolidación del derecho de acceso a la información. Estas normas internacionales, a su vez, se insertan en el marco legal de su Constitución Nacional, posibilitando su invocación según su artículo 141 que dice: Los tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados por ley del Congreso, y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno con la jerarquía que determina el artículo 137. Éste último citado establece el orden de prelación de leyes. Cabe señalar también el artículo 143: De las relaciones internacionales. La República del Paraguay, en sus relaciones internacionales, acepta el derecho internacional y se ajusta a los siguientes principios: (…) 5) la protección internacional de los derechos humanos.

De manera a reasegurar el cumplimiento de los tratados internacionales en que Paraguay es signatario, y siendo éstos aprobados por ley de la Nación, cabe recordar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que en sus artículos 26 y 27 obliga el cumplimiento de buena fe de los tratados vigentes, además de indicar que el derecho interno de un país no será invocado para el incumplimiento de un tratado. El Paraguay ratificó esta Convención por Ley Nº 289/71.

Partiendo de lo transcripto, y atendiendo al artículo 33 del Pacto de José de Costa Rica, cabe el reconocimiento de las actuaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a procesos sustanciados en su seno. La jurisprudencia como fuente del Derecho, encuentra aquí su trascendencia con sus consecuentes efectos jurídicos en los Estados parte.

El proceso judicial paradigmático sobre el acceso a la información lo encontramos en el caso “Claude Reyes y otros Vs. Chile”, consistente en la acción del director de una fundación para solicitar al gobierno chileno, los datos sobre una millonaria inversión extranjera en su país. Luego de que el gobierno negó parte de la información requerida, se recurrió a la CIDH, que falló a favor del peticionante, de cuya sentencia se transcribe lo siguiente: (…) la Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción.  Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea.

Este caso amerita un análisis profundo que excede los límites del presente artículo. Sin embargo se resalta la interpretación del artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica consagrando el derecho de acceso a la información con ciertas restricciones, las cuales deben ser establecidas con fuerza de ley. El caso Claude Reyes adquirió la importancia de lo que se llama un “leading case”, logrando situar al acceso a la información como un Derecho Humano a nivel jurisprudencial internacional.

           

            Acciones y normas en Paraguay.

En el Paraguay, el derecho a acceso a la información se sustenta en el artículo 28 de la Constitución Nacional que expresa: (…) Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo. Si bien la reglamentación es una necesidad real, aún con objeciones de sectores interesados como los medios de comunicación, no puede ser impedimento para el ejercicio de los derechos, como bien lo dispone el artículo 45 de la Carta Magna: (…) La falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni menoscabar algún derecho o garantía. Además se cuenta con la Ley Nº 1662/01 de Información Privada, que modificada por la Ley Nº 1669 del año 2002, expone en su artículo 2º: (…) Toda persona tiene derecho a recolectar, almacenar y procesar datos personales para uso estrictamente privado. Las fuentes públicas de información son libres para todos. Toda persona tiene derecho al acceso a los datos que se encuentren asentados en los registros públicos (…).

En este contexto se desarrolló el juicio caratulado “Félix César Picco Portillo c/ Municipalidad de Lambaré s/ Amparo”, por el cual un ciudadano accionante recurrió al Recurso de Amparo para solicitar información administrativa del municipio. Luego de varias actuaciones procesales, el Tribunal de Apelación 3ra. Sala de la capital, emitió la S.D. Nº 51 del 02/05/08 que además de fallar a favor del actor, incluye expresiones como: Este derecho encuentra su justificación en el derecho más genérico, esencial a las democracias deliberativas y participativas, de formar libremente las opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos; contribuye a la formación de la opinión propia y la pública, que está estrechamente ligada al pluralismo político. Se constituye así en un instrumento esencial de los asuntos que cobran interés en la vida ciudadana y colectiva, y que condiciona la participación en el manejo de “lo público”, es decir, el sistema de relaciones e interrelaciones que constituyen la trama básica de sustento de la convivencia democrática. Se percibe aquí una interpretación en consonancia con lo dispuesto por la CIDH en el caso Claude Reyes.

Sin embargo este criterio no es uniforme entre los magistrados paraguayos, considerando que en otro juicio de amparo el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, 5ª Sala de Asunción, dictó la S.D. Nº 78 del 16/07/08, confirmando la sentencia de primera instancia que no hizo lugar al amparo constitucional, argumentando que si el accionante, en este caso el ciudadano Vargas Téllez, accediera a información sobre empleados de la Municipalidad de San Lorenzo, se estaría menoscabando el derecho a la intimidad de los trabajadores, sosteniendo además que no se advertía qué daño le causaba al señor Vargas el hecho de no acceder a esta información.

En este avatar cabe señalar la promulgación y posterior derogación de la Ley 1.728 de Transparencia Administrativa del año 2001, además de un nuevo proyecto de ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública que fue retirado por su proyectista en junio de 2012. Todo esto incluye debates a nivel parlamentario y manifestaciones varias de los medios de comunicación.

Con estos hechos resulta evidente la necesidad de una ley de acceso a la información pública en el Paraguay. Esta norma debe consolidar este derecho mediante su reconocimiento expreso, además de reglamentar un proceso directo y sencillo al alcance de la ciudadanía en general, sin soslayar los casos de restricciones legítimas. Sin embargo nada de esto podrá concretarse sin el consenso de todos los sectores afectados: autoridades, medios de comunicación y ciudadanía.

            La democracia como nexo entre lo público y lo privado.

             

            El desarrollo de la democracia como régimen de gobierno, debe sustanciar la participación ciudadana más allá del mero electoralismo, dando forma a una amplia conciencia democrática que la sociedad pueda ejercitarla hasta su consolidación efectiva. El culto a la democracia en este periodo postmoderno, se acompaña de la tecnología de la información, lo cual posibilita nuevos espacios de relacionamiento donde interactúan posiciones convergentes y divergentes, en torno a cuestiones públicas y privadas.

Partiendo de las relaciones de subordinación entre gobernantes y gobernados, podemos afirmar la existencia de una sociedad con desigualdades, donde la supremacía de lo público sobre lo privado resulta inminente. Norberto Bobbio nos dice al respecto que la dicotomía clásica entre derecho privado y derecho público muestra la situación de un grupo social en el que se manifiesta ya la distinción de entre lo que pertenece al grupo en cuanto tal, a la colectividad, y lo que pertenece a los miembros, específicos, o más en general entre la sociedad global y grupos menores (como la familia), o también entre un poder central superior y los poderes periféricos inferiores que con respecto a él gozan de una autonomía relativa, cuando no dependen totalmente de él.[1] En este sentido, en el marco de la teoría política del contractualismo, se debe situar a la democracia como el nexo válido para la interacción de estas dos esferas.

En este marco, existen posiciones encontradas al invocar el principio de máxima publicidad de los actos públicos frente al derecho a la privacidad de los actos privados. Se produce entonces cierta tensión en un juego de opuestos, que debería salvarse al momento del ejercicio razonable y responsable de las prerrogativas democráticas entre lo público y lo privado.

            Ante lo brevemente expuesto, se concluye en la valoración del derecho de acceso a la información como un instrumento ciudadano para el ejercicio de la democracia. Pero este derecho no se agota en sí mismo sino que consiste en una herramienta fiel con resultados multiplicadores, que harán posible el acceso al ejercicio pleno de otros derechos como la justicia, la salud, la igualdad, educación y vivienda. Así también, la formación de la opinión pública y el poder de control social sobre los actos públicos se inscriben en este campo, en coherencia con el ideario de lo que significa un Estado Social de Derecho descentralizado, que adopte para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista con el reconocimiento de la dignidad humana.

Hermes Ramos Dávalos

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[1] BOBBIO, Norberto. Estado, Gobierno y Sociedad. Por una teoría general de la política. Fondo de Cultura Económica. México. D.F. 1989. Pág. 13.

Contradicción

El mes pasado tuve la oportunidad de estar en Lima, Perú y coincidiendo con la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y Países Árabes (ASPA), me encontré con el Palacio de Gobierno engalanado con  las banderas de los países participantes, menos la de Paraguay.

Entonces escuché decir a una de mis compatriotas: "Mirá, no pusieron la de Paraguay, se merece por golpista..."

Cuadras después me encuentro con la siguiente inscripción:

La prensa paraguaya y los designios de Bauman.

El inicio del tercer milenio dinamizó la palabra postmodernidad hasta dotarla de una sensación de movimiento constante. En esta larga locomotora en que los últimos e incómodos vagones son los rezagados países en vías de desarrollo, cada pasajero percibe de manera directa o indirecta los cambios culturales como el clima imprevisible que ejerce su influencia sobre nuestro viaje.

En la transición de la modernidad a la postmodernidad los comunes elementos de histórico desarrollo, como las transiciones políticas y el cambio generacional, han generado varias interrogantes sobre la función social de los intelectuales a nivel mundial. Hoy, a cincuenta años de las manifestaciones de Sartre y Camus sobre este tema, encontramos la distinción del sociólogo polaco Zygmunt Bauman, consistente en dos tipos de intelectuales: los legisladores y los intérpretes, quienes como pertenecientes respectivos a los dos periodos citados, son casi símbolos de su época. De ellos, Eduardo Fidanza nos dice: Los primeros hacen afirmaciones de autoridad que arbitran y resuelven controversias; sus dictámenes son considerados correctos y vinculantes, y se legitiman por un conocimiento superior, universalmente aceptado. Los intérpretes ejecutan, en cambio, una traducción de enunciados entre tradiciones distintas. Así, se adentran en lo diferente tratando de descifrarlo. Practican la hermenéutica antes que la autoridad. En sentido político encontramos al primer personaje inserto en un mundo duro y belicoso, con gran carga de autoritarismo, mientras que el intérprete pertenece a un época menos rigurosa y con mayor desarrollo democrático, lo que posibilita la aparición de situaciones y hasta fenómenos dignos de ser interpretados. Uno de ellos sería la tecnología y su influencia en la comunicación de las personas, que adosa complejidad a la vida del ciudadano común.

La labor de estos dos intelectuales caratulados se debate entre la teoría y la realidad, lo ideal y lo concreto, el “deber ser” y el ser verdadero, pero sin encontrar un vínculo práctico entre estos dos campos de acción. Si asumimos que un intelectual es cualquier persona con cierta formación académica que ejerce una función laboral a partir de su intelecto, podemos decir que los medios de comunicación se sustentan en ellos.

Sin embargo lo que nos dice Fidanza es que la función intelectual no acompaña el vértigo de los tiempos, y para revertir la situación sugiere que este oficio debe esforzarse por entender en lugar de dictaminar. Penetrar en lo distinto y lo nuevo en vez de invalidarlo. Estudiar, sin prejuicio, las condiciones y tendencias que despuntan. No aferrarse a las afirmaciones genéricas, si impiden el discernimiento de lo particular. Admitir las racionalidades diversas, las creencias extrañas, las ceremonias y los ritos ajenos. Es decir, se debe acompañar los cambios culturales y tener la capacidad de reconocer nuevos paradigmas.

Enfocando la cuestión en nuestra realidad cabe preguntarse: ¿es la prensa paraguaya legisladora o intérprete?.

Tomando como paradigma la prensa escrita encontramos una gran plataforma donde surgen manifestaciones de todo tipo: crónicas, editoriales, columnas de opinión, investigación y hasta páginas de humor que resaltan de manera tragicómica situaciones de la realidad nacional. A mi entender en estas modalidades periodísticas se desarrollan en paralelo las dos distinciones baumanianas, e inclusive en algunos casos se fusionan en una sola manifestación, en un solo “intelectual” que sigue una corriente ubicando sus ideas en la interpretación de costumbres y hechos sociales y las normas que las gobiernan. Esto en gran medida puede encontrar su causa en el descrédito de conocimientos y valores de aspiración universal, propio de los tiempos en que vivimos.

Por otro lado, considerando los programas televisivos sin incluir los noticieros, se reconoce un prototipo de programas de entretenimiento frívolos que se esfuerzan en interpretar los gustos y preferencias de los televidentes con el sencillo objetivo de ofrecer el producto que deseen (sin importar su calidad ni contenido) para venderlo y gobernar el ráting que propiciará un buen flujo publicitario traducible en ganancias monetarias. No existe intervención intelectual alguna en este caso, simplemente se trata de una común situación propia del paso de una economía de producción hacia una economía del consumo.

En cuanto a los noticieros no puede afirmarse que practiquen un análisis propositivo suficiente para calificarlos de intérpretes. Se limitan a comunicar hechos, informar con ánimo fanfárrico y tendencia amarillista sin mucha técnica pero con capacidad de impresionar a la teleaudiencia. Entiendo que también existen programas de entrevistas a actores públicos donde se debaten ideas y se profundizan los temas que ocupan, pero ignoro sus características en detalle como para emitir un juicio sobre ellos.

Encuentro la clasificación de Bauman sumamente válida como punto de partida para valorizar el oficio intelectual, cuestionar su vigencia y realizar una llamada de atención que permita fortalecer y sobre todo dar utilidad al vínculo entre lo ideal y lo real. Estos dos estadios deben relacionarse íntimamente para un conocimiento cabal de una sociedad encaminada a su progreso. Al final, parafraseando a Barrett, concluyo que un intelectual completo será aquel que además de la capacidad de su intelecto también tenga sentimientos.

Hermes Ramos.